Ciudad Inteligente y Derecho Municipal

CIUDAD INTELIGENTE Y DERECHO MUNICIPAL.

ENRIQUE JOSE MARCHIARO.

Revista de Derecho Público. 2018-2, AAVV, pág. 89.

Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, octubre 2018.

“La red está sustituyendo al átomo como símbolo general de la ciencia: mientras que el átomo representa la simplicidad, la regularidad y el cierre, la red invoca la complejidad, la flexibilidad y la apertura...<es entonces que>...tanto la geografía como la economía y la ciencia política observan con algún desconcierto cómo se les desordena el mundo” J. Subirats.

Sumario:

1-Inteligencia artificial, derecho y complejidad.

2-Ciudad Inteligente o ciudad plataforma.

3-Ciudad colaborativa o uberización.

4-Ciudad vigilada y escasa normatividad.

5-Respuestas incipientes desde el derecho municipal.

Bibliografía.

1-Inteligencia artificial, derecho y complejidad:

Summit es la computadora más rápida del mundo, pues logra 200 cuatrillones de cálculos en un segundo. Un ser humano que realice un cálculo por segundo necesitará 6.300 millones de años para hacer lo que Summit hace en un parpadeo. El responsable de este prodigio tecnológico es una empresa que estuvo y está en el corazón del fenómeno informático: IBM, la misma que patentó el término “Smart City”.

Las ciudades inteligentes son parte de la denominada inteligencia artificial (en adelante IA), modalidad de interacción entre máquinas y humanos que ya es parte de nuestra vida cotidiana. Como otros tantos fenómenos contemporáneos, un pequeño sector de la sociedad global determina el curso de los acontecimientos y el resto ni siquiera los comprende, lo que incluye por cierto a las autoridades de todas las jurisdicciones, pues el Estado no solo ha perdido capacidad regulatoria y poder sino también capacidad epistémica.

Ante esto es muy fácil creer que estos procesos solo son impulsados por el complejo económico-tecnológico y que el derecho no está presente, creencia que obedece a la ficción de que el único derecho es el estatal y nacional.

La realidad es que en el origen mismo hay derecho, como en tantos otros casos de la globalización. Es un derecho bastante opaco, muy poco democrático porque su papel es “funcional”, es no territorial y ni siquiera estatal (Cassese, 2.003).

Solo después otro derecho entra en el análisis: cuando los fenómenos se “territorializan” entonces el derecho territorial –que es el derecho del Estado- aparece. Claro que este derecho formal y territorial no tiene el monopolio de lo jurídico, sino solo de su reconocimiento nacional y desde allí hacia lo subnacional y local.  

Es por ello que son incipientes los análisis jurídicos en Argentina sobre el particular. Con muy buen criterio en un breve artículo se afirma: “¿Cómo hacer para que el desarrollo de la IA sea compatible con los derechos humanos y con el Estado constitucional? (Corvalán, 2017:2).

Otros autores plantean que la IA necesariamente pone al derecho frente a desafíos para los que no está preparado: “En menos de 30 años los sistemas políticos que conocemos hoy dejarán de existir y serán reemplazados por redes de algoritmos…El ser humano, empujado por un sentimiento de frustración hacia sus formas tradicionales de gobierno y un fuerte pesimismo antropológico depositará su confianza y autoridad en sistemas de toma de decisiones gubernamentales basados primordialmente en algoritmos  e inteligencia artificial” (Risso, 2017:1).

Compartiendo o no este enfoque –bastante cercano a las distopías de series como “black mirror”, que nos muestran aquello que no queremos ver de la IA e incluso de las ciudades inteligentes- entiendo que el eje de la cuestión pasa más bien por afinar los presupuestos epistémicos desde los que la ciencia social y el derecho parten.

La noción de complejidad resulta central, precisamente porque tal vez es la nota distintiva de la sociedad contemporánea, tal como lo plantean los teóricos Niklas Luhmann o Edgar Morin desde hace más de treinta años.

La complejidad no describe propiedades objetivas de fenómenos, ni denota objetos complejos en relación a simples, sino más bien una condición cognitiva del agente inmerso en los propios procesos que analiza.

Cuatro condiciones expresan lo que es la complejidad social: 1-“Cuánto más amplio es el alcance de las posibles elecciones y más elevado el número de variables que los agentes deben tener en cuenta…más compleja se vuelve su situación en el medio…2-Un medio ambiente aumenta en complejidad cuanto más interdependientes son las variables…3-Un tercer elemento lo constituye la inestabilidad o turbulencia del medio ambiente y la tendencia de sus variables a modificarse a lo largo de trayectorias veloces o impredecibles…4-El estado de circularidad cognitiva alcanzado por los agentes que se vuelven conscientes del alto nivel de complejidad de su propio medio ambiente” (Zolo, 1994:17)

El derecho no actúa solo frente a la complejidad sino que es parte de la misma. Esto, por cuanto un sistema es complejo en la medida que tiene numerosos subsistemas que operan sobre porciones de la realidad diferenciada. Cada subsistema con cuotas de autonomía relativa que se constituyen a su vez en “entorno” de los demás.

Los sistemas jurídicos en el S. XXI tienen una enorme apertura por arriba (derecho global, derechos humanos) y por debajo (federalismo y autonomías municipales) de tal modo que según la escala del problema se reconoce la actuación privilegiada de determinada área jurídica.

Entonces el derecho local –o municipal como lo denominamos en Argentina- es el que muchas veces está en mejores condiciones de dar cuenta de estos fenómenos complejos, incluso el de la IA.

Ello obedece a una propiedad sistémica del derecho municipal, que funciona como “banco de prueba” del sistema jurídico: Si la experiencia local funciona luego se la replica y si fracasa se la aisla. Esta es una propiedad que se ha constatado en el federalismo norteamericano y que un importante sector de nuestra doctrina municipalista hizo propio en relación al gobierno local (Losa, 1.995).

Resulta interesante que Argentina cuenta con una propuesta nacional que promueve el concepto de ciudad inteligente a partir del desarrollo de un modelo que se está implementando en diversos municipios, a cargo de la Secretaría País Digital del Ministerio de Modernización.

En dicho ámbito se han relevado nada menos que 116 definiciones, lo que pone de resalto que la complejidad habita en el seno mismo de este nuevo fenómeno. De estas definiciones se destacan las siguientes:

“Giffinger: Una ciudad inteligente y sustentable es una ciudad que tiene buen desempeño en 6 características, basadas en la combinación inteligente del talento y las acciones de ciudadanos independientes y comprometidos: Economía; Movilidad; Ambiente; Gente; Vida; Gobernanza.”

“Lombardi: El término “smart city” es utilizado para describir en forma holística los diversos aspectos de una ciudad desde los distritos de tecnología hasta los ciudadanos “inteligentes” en términos de su nivel educativo. En suma, el término hace referencia frecuentemente a la relación entre gobierno y ciudadanos.”

“IBM: Una ciudad inteligente utiliza la tecnología para transformar sus procesos centrales optimizando los recursos. En los niveles más altos de madurez, una ciudad inteligente está basada en un sistema de gestión del conocimiento que provee información en tiempo real a los actores interesados, asimismo posibilitando a los decisores la gestión proactiva de los subsistemas de la ciudad.”

“Comisión Europea: Las ciudades inteligentes y sostenibles combinan diversas tecnologías para reducir el impacto ambiental y ofrecer a sus ciudadanos una mejor calidad de vida. Esto no es solo un desafío técnico. El cambio organizacional de los gobiernos, es esencial. Hacer una ciudad inteligente es un desafío multidisciplinario, que se debe realizar en conjunto con los funcionarios de la ciudad, los proveedores, las autoridades nacionales y legisladores, académicos y la sociedad civil.” (Ministerio de Modernización, 2017:4).

2-Ciudad Inteligente o ciudad plataforma.

 “En el año 2010 IBM lanzó una campaña publicitaria: Smart Cities Challenge. Y en el año 2011 lanzan un nuevo producto dirigido a un público específico y extenso, los gobiernos locales: Intelligent Center for Smarter Cities. Se trata de ofrecer el tratamiento de la información utilizando las tecnologías informatizadas o digitalizadas para exponer las problemáticas urbanas y las respuestas más generalizadas. Sobre transportes y movilidad, salud pública, vivienda, seguridad ciudadana, estado del espacio público, gestión de los servicios urbanos básicos (agua, energía, infraestructuras, etc.), reconversión de zonas degradadas o en proceso de cambio, grandes proyectos expansivos, etc. Las informaciones y las soluciones devienen “objetivas” y las grandes empresas de servicios (con frecuencia más privadas que públicas) se presentan como poseedores de las respuestas. Algunas grandes ciudades compraron el producto, Rio de Janeiro la primera, con resultados más que dudosos. Luego este producto y los similares han ido vendiendo a las ciudades cualquier cosa que se etiqueta “smart city” (Borja, 2016:1).

El concepto originario devino emergente, por lo que tanto en español como en inglés está sujeto a permanente revisión, pues depende de que disciplina lo tome como eje, sea la empresarial, el marketing, las políticas públicas, el urbanismo y otras.

Desde ya que el término se superpone con otros conceptos cercanos y más tradicionales, como el de “territorios inteligentes” –muy caro al urbanismo- y de otras disciplinas que ponen el acento en lo multidisciplinario, no solo en lo tecnológico y mucho menos en la IA, de donde los tres aspectos que definen a una ciudad y un territorio como inteligente son: la relación interactiva y móvil entre usuarios, la supervisión optimizada del espacio y el desarrollo de nuevas formas de cooperación.

“Pero, ¿Qué se entiende por Smart City? Según algunos autores (Dameri & Rosenthal-Sabroux 2014) no existe una definición consensuada. Parece que se ha venido refiriendo a ciudad inteligente, ciudad del conocimiento, ciudad sostenible, etc, como aspectos diferentes de las Smart City y como sinónimos de la misma, esto es, la ciudad tecnologizada. Pero en el análisis que se hace sobre la literatura de ésta y la ciudad digital, se concluye que las referencias a la Smart City van ganando terreno a las iniciales de la ciudad digital y que así los contenidos han ido cambiando, sobrepasando el uso del término sobre todo a partir del 2010. En lo que sí se coincide es en los rasgos básicos en que los autores acuerdan que deben comprender, esto es, que se trata de un concepto multidisciplinar que ha de abarcar dimensiones económicas, humanas, sociales y tecnológicas” (Dominguez Perez y Crespi Valbona, 2015:30):

Siendo el concepto un tanto difuso, además, se torna muy difícil medir siquiera la dimensión que el tema registra por la velocidad, diversidad y expansión del fenómeno en todo el mundo, pues lejos está de ser un tema exclusivamente de los países desarrollados o con mayor densidad en redes.

Algunos ejemplos dan cuenta de lo afirmado: dispositivos que en tiempo real miden el tráfico o el estacionamiento, informando a usuarios y decisores públicos; geolocalización en tiempo real del transporte público; dispositivos que miden en tiempo real el nivel de carga de los contenedores de basura; medidas de los niveles de polución así como de alertas sobre inundaciones, incendios, huracanes, etc.

Este amplísimo desarrollo del concepto implica a su vez su puesta en crisis, lo que reconocen incluso los mismos promotores: “Aportar una solución tecnológica a la gestión de las ciudades pero nunca desde el desconocimiento del complejo funcionamiento de las mismas. La idea de una plataforma integrada es una herramienta  operativa y eficaz para una empresa, incluso en dimensiones planetarias…pero en una ciudad no, por la diversidad de agentes y la casi infinidad de actividades que se desarrollan.  Además, a diferencia de la empresa, en la que rige un sistema jerarquizado y orientado a una única finalidad…en la ciudad convergen múltiples agentes con objetivos e intereses múltiples. Por eso es que hoy una plataforma integrada capaz de gestionar una ciudad sigue sin existir todavía” (Jordá, 2015:7).

Hasta aquí lo que existe, pero podemos avizorar lo que está naciendo: Quayside es una zona cercana al muelle de Toronto en la que se está desarrollando “un barrio” cuyo plan se hará público el año próximo y los primeros residentes se instalarán en el 2022. Google reubicará allí su sede central, lo que denota el valor simbólico que tendrá dicho lugar, donde lo real y lo virtual son un continuo.

Sidewalk Labs, una firma de innovación urbana que pertenece a Alphabet, la compañía matriz de Google, está al frente del proyecto, bajo supervisión de un organismo público de Toronto formado por los niveles municipal, provincial y federal.

En dicho “barrio” convivirán comercios, oficinas, apartamentos y parques. El transporte se hará en bicicleta o en vehículos eléctricos de conducción autónoma, y tanto las ciclovías como las calles podrán cambiar de tamaño según el estado del tráfico. Los miles de sensores permitirán conocer el estado de la circulación peatonal y vehicular, el consumo energético, detectar la identidad de los residentes para diversos fines organizativos, a lo que se añadirán robots para determinados trabajos, materiales de construcción que disminuirán los factores climáticos, buscando una baja de las emisiones de gases de efecto invernadero del 73 %, del consumo de agua en un 65 % y de los desechos en un 90 %.

Todo este “mundo feliz” –rememorando otra distopía, la del clásico libro de A. Huxley- comenzó a cuestionarse desde diversos ámbitos en relación a cómo se garantizará el respeto de los datos personales o porque la autoridad canadiense ha dado tanto margen de maniobra a Sidewalk Labs.

“Jathan Saowski, investigador en ética de las tecnologías, opinó sobre el tema en las páginas de The Guardian, al señalar que las ciudades no son plataformas con usuarios, tampoco negocios con accionistas, son lugares reales con gente real. Google quiere dirigir ciudades sin pasar por las urnas” (Porras Ferreyra, 2018:2).

Si bien muchas de las experiencias de las ciudades inteligentes no tienen este carácter totalizador ni lo buscan, es de suponer un acrecentamiento de la lógica de las plataformas en el gobierno de la ciudad, con efectos directos en la prestación de los típicos servicios públicos a la creación de nuevos servicios.

Por ello y antes de entrar en el análisis exclusivamente jurídico, nos detendremos en dos de las caras más conocidas de la IA y las TICs en el espacio local: la economía de las plataformas y la ciudad vigilada.